Los inmigrantes indocumentados se enfrentan a Covid sin una red de seguridad social

David Cremins, con asistencia en la traducción por Isaac Harris

Adelaida Ríos es una trabajadora de salud comunitaria en La Clínica de la Raza, donde ha ayudado a dirigir un centro de pruebas Covid en el barrio de Fruitvale en Oakland desde mayo. Su equipo administra más de 100 pruebas al día, mientras cambia entre inglés, español y mam (una lengua indígena guatemalteca). Este trabajo es difícil en cualquier comunidad, pero Ríos y sus colegas enfrentan un desafío adicional: el 60% de los residentes de Fruitvale son latinos, y muchos son inmigrantes de primera generación sin estatus legal en los Estados Unidos. Sus luchas demuestran cómo  nuestras comunidades no serán verdaderamente saludables hasta que todos tengamos acceso a los recursos que necesitamos.

Los californianos de color están sufriendo desproporcionadamente por el coronavirus, y la gente latina ha sufrido casi la mitad de las muertes en el estado. Por lo tanto, mientras que las áreas más ricas y blancas del condado de Alameda han resistido la pandemia con relativa facilidad, Fruitvale y otras comunidades del este de Oakland de bajos ingresos, han estado entre los lugares más afectados del mundo. 

No es difícil entender por qué. Aproximadamente tres cuartas partes de los trabajadores indocumentados están clasificados como esenciales y, por lo tanto, están más expuestos al virus. Según Derek Schoonmaker — director del Grupo de Derechos de los Trabajadores en el Centro Legal de la Raza, otra institución de Fruitvale — “muchos trabajadores de bajos salarios vienen a trabajar en condiciones que les dan miedo.” 

Ríos también ve el miedo en su trabajo. Aunque la mayoría de las infecciones por Covid-19 no requieren hospitalización, muchas personas indocumentadas que dan positivo y necesitan un tratamiento serio han optado por no buscarlo. Ríos culpa a la desconfianza justificada en nuestro sistema de salud: “Tienen opciones, pueden ir a algunos hospitales públicos como Highland, pero temen una factura. Algunos están tratando de arreglar su estatus migratorio, también… no sabemos cómo ayudarlos.”

Mientras que La Clínica está enfocada en la crisis de salud, el Centro Legal ha intervenido para ayudar a combatir la crisis económica. Schoonmaker y su equipo administran el Fondo de ayuda para indocumentados de Oakland (OUR Fund), que otorga subvenciones de $500 a los residentes indocumentados de Oakland que sufren dificultades financieras debido a la pandemia. Podría ser sorprendente que una organización sin fines de lucro dirija tal esfuerzo en lugar de una agencia gubernamental, pero existen programas similares en todo el estado. Al comienzo de la pandemia, el gobernador Gavin Newsom ordenó $75 millones en fondos estatales, en combinación con otros 50 millones de dólares de subsidios privados, para ser distribuidos a los trabajadores indocumentados en todo California a través de mecanismos como OUR Fund. 

Sin embargo, esta asistencia sólo tiene la capacidad de llegar a uno de cada diez residentes indocumentados, y se limita a $1.000 por hogar. Esto es mejor que nada, especialmente dado al fracaso de las leyes federales de ayuda para atender las necesidades de los estadounidenses indocumentados, pero muchos activistas insisten en que la administración de Newsom y la Legislatura del Estado de California hagan más. Todavía no se han materializado más medidas; Newsom rechazó recientemente la ley AB 826, que habría proporcionado asistencia alimentaria a muchas familias inmigrantes de bajos ingresos.

Más de 2 millones de californianos no tienen documentos, incluyendo a uno de cada diez trabajadores del estado. Cada año aportan al estado más de $3.000 millones en impuestos y $180.000 millones en producción económica, pero ganan mucho menos en servicios públicos de lo que contribuyen. Ha habido cada vez más llamados a cambiar esto, permitiendo a los californianos indocumentados el acceso total a programas como el Crédito por Ingresos del Trabajo de California, MediCal, asistencia alimentaria y seguro de desempleo, por ejemplo. Según Schoonmaker, estas reformas de los servicios sociales son críticas porque, como su equipo ha visto, “para la gente indocumentada, no hay muchas opciones, ya que son sistemáticamente excluidos de los programas de la red de seguridad social.” Aunque tales medidas no lograrán abolir la división entre los ciudadanos y los que no son, ayudarán en gran medida a dar a todos los californianos una vida digna, y también a combatir el coronavirus. 

Este año ha sido universalmente difícil, pero los dolores no han afectado a todos por igual, como lo demuestran las tasas de infección y de desempleo. Cuando observamos el número de personas indocumentadas en el Este de la Bahía y en todo el país — que ya temen las crueldades de la separación familiar, el encarcelamiento y la deportación — es evidente que, aunque todos estamos en la misma tormenta, no estamos en el mismo barco.

Tenemos que acabar con la pesadilla burocrática que hace que la gente tenga miedo o no pueda acceder a los servicios sociales, la atención de la salud y la protección contra la explotación en el trabajo. Esto significa tanto presionar a los líderes electos para que rechacen la política anti-inmigrante como apoyar los esfuerzos de acción colectiva como la huelga de enfermeras del Sistema de Salud de Alameda por mejores condiciones de trabajo y recursos para sus pacientes.

En palabras de Ríos, estos actos de solidaridad son cruciales si queremos ganar un mundo más sano: “Mi único deseo es que las cifras bajen pronto, porque está afectando a toda nuestra comunidad…es un esfuerzo conjunto; si queremos cambiar las cosas, tenemos que empezar a trabajar todos juntos.”